Revista-78

-142- / ICAP-Revista Centroamericana de Administración Pública, (78): 134-148, Enero-Junio/2020 Para tener una idea de la magnitud del pro- blema, se estima que solo en Honduras, según la Secretaria de Agricultura y Ganadería, en el 2019 se tuvo una pérdida de entre el 50% y el 60% de los cultivos a nivel nacional, poniendo en riesgo a más de 77,000 familias. Así mismo, la falta de lluvias ocasionó una fuerte sequía en Te- gucigalpa, donde las dos represas que abastecen el suministro de agua llegaron a tener solamente entre el 15% y 25% de su capacidad máxima, so- metiendo a la población a altos racionamientos en el suministro del vital líquido. Es claro que es una cadena y, cuando uno de los eslabones se encuentra alterado, impide que los sectores productivos mantengan sus actividades en fun- cionamiento, afectando así la economía y la se- guridad alimentaria. 3.3. Presupuestos reducidos para la inversión y tecnificación que garanticen la seguridad alimentaria sostenible. La inversión y tecnificación del sector agrícola depende tanto de los gobiernos como de los productores. El rol de los gobiernos se basa en facilitar recursos económicos para generar estrategias que garanticen la producción y por ende la seguridad alimentaria, así como también facilitar el acceso a los distintos mercados mun- diales. Sin embargo, muchos de los gobiernos latinoamericanos han optado por destinar ma- yor cantidad de recursos a sectores como in- fraestructura, defensa y seguridad, descuidando uno de los sectores más importantes para una nación e impidiendo el buen cumplimiento de los objetivos dos, tres y seis de los 17 ODS. La falta de inversión en el sector agrícola de una u otra forma afecta no solo la seguridad alimenta- ria, sino que también incrementa los índices de desempleo y disminuye el PIB, es por eso que la inversión en la agricultura y la inversión en los bienes y servicios que estén relacionados a la misma debe ser uno de los pilares fundamenta- les en las administraciones públicas presentes y futuras para garantizar el alimento y el sosteni- miento de la economía. El sector agroalimentario, es uno de los secto- res con mayor aporte de Producto Interno Bruto (PIB) de cada país. Desde los años 90’s, en los países de la región centroamericana y algunos países de Suramérica, se han venido reduciendo los presupuestos en el sector agroalimentario, esto debido a la constante liberación del comer- cio, donde los Estados prefieren no intervenir en las actividades económicas de cada nación, de- jándolas en manos de la empresa privada. Esto ha llevado a que la inversión por parte de los go- biernos disminuya el apoyo para la producción en el sector agroalimentario. En la actualidad, en algunos países de América Latina, sus gobiernos han optado por depositar recursos económicos en la banca privada, para que sea esta la que facilite al productor los re- cursos y medios para producir. En otras pala- bras, los gobiernos han optado por invertir los recursos de manera indirecta y no directa, pero esta estrategia no ha funcionado como se debe, ya que los gobiernos que aplican esta estrategia han descuidado en gran parte sus sectores pro- ductivos impidiendo el desarrollo de los mismos. Ante esta fracasada metodología de inversión, países como Cuba, Venezuela y Bolivia, opta- ron por hacer un tratado comercial y económico denominado: “Alternativa Bolivariana para las Américas” donde uno de sus ejes principales era destinar recursos para la inversión directa en el sector agrícola. Después de la firma y creación de este tratado, no pasó mucho tiempo para que Venezuela empezara a transferir millones de dó- lares a países centroamericanos para impulsar la producción agrícola. Así mismo, se dotó de equi- po logístico para que los países centroamerica- nos empezaran a producir alimentos para consu- mo interno y también para el comercio exterior, pero, esta estrategia de integración económica y política no logró tener éxito en los países sus- critos a dicho acuerdo celebrado en Nicaragua. Son múltiples los factores que implican el fra- caso del ALBA. Por ejemplo, en Honduras por razones de carácter político, a raíz del golpe de Estado al ex-presidente Manuel Zelaya Rosales en el año 2009, y posteriormente el deceso del presidente Hugo Chávez en Venezuela en el año 2013. Por otro lado, expertos en materia políti-

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