Revista-78

-172- / ICAP-Revista Centroamericana de Administración Pública, (78): 162-187, Enero-Junio/2020 Más recientemente, surge este nuevo enfoque de valor público que acepta la diversidad y la complejidad social, procurando entregar valor y no bienes públicos (Benington, 2005). Benington (2005) construye el concepto de valor público con base en una dinámica colec- tiva. Expresado de otra manera, basado en la “gobernanza comunitaria en red”, que ha sido investigada por diversos autores. Desde esta perspectiva, el valor público se define como “lo que el público quiere” y “lo que le agrega valor a la esfera pública”. Esta manera de conceptua- lizar el valor público es una respuesta a la ma- nera en que la administración centralizada y la NPM definían la gestión pública. En el primer caso, la administración centralizada visualizaba el papel del gobierno en términos de entregar bienes no rivales y colectivos de forma eficiente, midiendo sus resultados a partir de esta entrega formalizada. En el segundo caso, la NMP otorga una mayor importancia a las decisiones maxi- mizadoras de los agentes (individuos, hogares, empresas o nivel de gobierno), partiendo de una lógica de racionalidad perfecta, en la que menos Estado es mejor porque restringe la libertad del individuo de decidir deliberadamente. Si bien estos dos marcos teóricos eran efectivos para la sistematización de las políticas públicas y refor- mas a nivel político, la teoría del valor público es rica en aspectos de pensamiento colectivo y tiene alto sentido de la innovación colectiva (Benington, 2005). Como el resultado de este nuevo modelo de administración pública, el valor público puede definirse como un conjunto de expectativas y resultados de bienestar esperados a nivel colec- tivo, derivados de la acción natural del gobierno, que dependen de: i) lo que la sociedad identifica como de valor para su bienestar; ii) de los temas que los gobiernos han resaltado como priorida- des de política pública para el desarrollo; y iii) las acciones orientadas a la resolución de fallas de mercado y de externalidades por parte de la ad- ministración pública, cuya permanencia reducen el bienestar colectivo (Moore, 2006). En adición a esto, el enfoque de valor público en la admi- nistración gubernamental orienta la burocracia hacia la participación social y las alianzas con la sociedad civil (Benington, 2005), donde la inno- vación juegue un rol central para la construcción del valor esperado, inclusive a nivel de los go- biernos locales (López-Santos, 2016). Adopción de las TIC y fases del gobierno electrónico Gracias a la atención prestada a las herramien- tas digitales y el avance hacia una economía ba- sada en la información, la innovación abierta ha comenzado a ganar terreno para democratizar la solución de problemas públicos, en virtud de la amplia difusión de las TIC y los nuevos ins- trumentos tecnológicos y analíticos disponi- bles para los gobiernos (Rodríguez y Grandine- tti, 2018). Una apertura de este tipo, de modo muy general, conlleva una mayor participación ciudadana y empresarial en la construcción de las decisiones de públicas, en congruencia con el avance hacia el paradigma de valor público, generando más espacios para la creación de ser- vicios públicos de vanguardia y la solución de problemas sociales colectivamente. Mediante el uso de las TIC, los gobiernos pueden generar valor de distintas formas, sea a través de bienes o servicios públicos, regulaciones y otras acciones, por lo que, desde esa perspectiva, el gobierno electrónico puede ser considerado por su habilidad para generar más valor público (Kearns, 2004; Castelnovo y Simonetta, 2008). Sin embargo, este plantea retos en materia de colaboración público-privada para generar nue- vas propuestas e iniciativas concretas. Contemporáneamente, el progreso de la admi- nistración pública se ve reflejado en la cada vez mayor inclinación hacia la transformación digital del Estado, por medio del gobierno electrónico. Sobre esta cuestión, existen diversas aproxima- ciones que responden al enfoque y los aspec- tos conceptuales considerados anteriormente. Schedler, Lucas y Bernhard (2004), por ejemplo, definen el gobierno electrónico, digital o e-go- bierno como una forma de organización del Es- tado que permite integrar las relaciones y las