Revista-78

-174- / ICAP-Revista Centroamericana de Administración Pública, (78): 162-187, Enero-Junio/2020 que hacen de la transición hacia el e-gobierno un proceso lento, complejo y arduo. La OCDE (2003) enumera algunos requerimientos de ex- periencia, involucramiento e infraestructura que permiten el desarrollo del e-gobierno: − El desarrollo de las plataformas tecnológi- cas necesarias para el gobierno digital des- de dentro de las administraciones públicas puede resultar costoso y a la larga, generar distorsiones en la prestación de los servicios públicos. − Como consecuencia de lo anterior, la adop- ción de la tecnología que hace posible el gobierno electrónico requiere de la partici- pación de empresas privadas con la expe- riencia y la capacidad necesaria de acción, que permitan que la administración pública pueda transitar hacia lo digital, sin descon- centrarse de su papel de formular y ejecutar políticas públicas. − El sector privado, por su naturaleza flexible y ágil en la mayoría de los ámbitos, debe colaborar con el sector público para lograr “aplanar” la curva de aprendizaje de los ser- vidores públicos en materia tecnológica. − Colaborar y cooperar con el sector priva- do puede generar valor en dos vías: por un lado, se puede digitalizar y automatizar la prestación de servicios públicos y atención de trámites usando plataformas privadas de tecnología, ahorrando tiempos y costos a los ciudadanos; por otro lado, las empresas pue- den aprender a prestar servicios de tecno- logía al gobierno, para mejorar su eficiencia. − La administración pública debe cuidar que los conocimientos explícitos de programas y políticas, así como aquellos implícitos en sus funcionarios, no sean transferidos al sector privado de forma no compensada. Claramente, este cambio también puede encon- trar resistencia entre la sociedad, porque signi- fica un giro importante en el paradigma actual. En cuanto a las barreras culturales, Margetts y Dunleavy (2002) indican una extensa lista de motivos que dificultan la adopción del gobierno electrónico. A continuación, se extraen algunos de los más relevantes: − La resistencia social y pública a la adopción de nuevas tecnologías, por las brechas de la población en el uso y aprovechamiento de las TIC para su quehacer cotidiano. − Las erogaciones presupuestarias considera- bles por parte de los gobiernos para imple- mentar sistemas y desarrollos tecnológicos que no se han empleado en toda su capa- cidad y extensión, terminan empantanando los esfuerzos por la modernización de la ad- ministración. − Las transformaciones que supone el gobier- no digital, en términos de procesos y estruc- turas jerárquicas dentro de las instituciones públicas, hacen que los principales directi- vos de estas instancias opongan resistencia. − La existencia de una baja expectativa ciuda- dana y social frente a los resultados de esta- do, por percibirlo como un ente anticuado, desconectado de la modernidad y corrupto. − En el caso de los gobiernos locales, Schwes- ter (2009) demuestra que existen diferencias entre las municipalidades que implementan estrategias de e-gobierno y las que no. En su trabajo, argumenta que hay limitaciones técnicas, financieras y humanas a las que se enfrentan los municipios para transitar hacia una gestión digital y concluye que el apoyo político (a nivel nacional) es clave para supe- rar estos obstáculos. Grosso modo, la adopción de un gobierno elec- trónico no sólo implica que la administración pública decida destinar los recursos necesarios para ello, sino también una disposición por parte de todos los niveles de gobierno para la trans- formación de la burocracia, así como la no resis- tencia social al cambio de paradigma. Para que la implementación de un gobierno electrónico sea exitosa, se debe generar una dinámica de inno- vación abierta, a través del intercambio de infor- mación entre diversos actores, que poseen ex- pectativas e intereses distintos (Zhang, Dawes y Sarkis, 2002). En este mismo orden de ideas, la disponibilidad de información y de bases de da- tos abiertas son herramientas necesarias para la co-creación y la solución colectiva de problemá- ticas sociales (Rodríguez y Grandinetti, 2018).