Revista-78

-244- / ICAP-Revista Centroamericana de Administración Pública, (78): 238-249, Enero-Junio/2020 2.1. Primera Hipótesis: Las dificultades de institucionalizar un régimen sustentable para la alta dirección pública profe- sional tienen su origen en la acción combinada de los rasgos que predominan en la cultura polí- tica y el tipo de diseño adoptado por el régimen. En la opinión de los stakeholders (partes inte- resadas), incluyendo expertos, gremialistas y funcionarios (Bonifacio, 2015), el Régimen de Funciones Ejecutivas no debió haber incluido Direcciones Nacionales o Generales, mante- niéndolas fuera de la carrera administrativa para que esos cargos sean ocupados según criterios de libre designación y remoción por las auto- ridades superiores, debido a que las prácticas tradicionales han sido ocuparlos con personas de confianza. En cambio, al habérselos incluido, tanto en el SINAPA como en el SINEP, se produ- jo una reducción de la cantidad de los puestos de designación discrecional. Esta realidad, lleva a decir a Ferraro (2006,) que “Los políticos de Argentina no confían en los funcionarios públi- cos de carrera (…) más bien tratan de ignorarlos, neutralizarlos creando estructuras paralelas o reducirlos paulatinamente en su número (a me- nudo, las tres alternativas).” Irene Castagni, Horacio Cao, Maximiliano Cam- pos Rio, Sergio Agoff, apoyan esta tesitura. 2.2. Segunda Hipótesis: La reforma de la ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA acorde con los principios de la profesionaliza- ción fue el resultado de la conformación de una coalición promotora que se sostuvo a los largo de una década. La hipótesis se basa en asignar relevancia a la coalición promotora conformada en el origen del proceso de reforma del Estado que se lleva a cabo en la presidencia de Menem, que le dio sustento y viabilidad a la reforma del servicio ci- vil que introdujo el régimen de cargos con fun- ciones ejecutivas para la alta dirección pública. La larga duración del gobierno promotor que dio sustentabilidad a la política desde el origen y durante la implantación (1991-1999). Para Sabatier, cuanto más alto es el consenso requerido mayores incentivos tienen las coali- ciones para ser inclusivas. En la revisión del mar- co, agrega Sabatier, (p. 217) un acápite con los recursos de políticas relevantes que los partici- pantes pueden usar en sus intentos de influir en las políticas públicas: a) autoridad legal formal para tomar decisiones sobre políticas; b) opinión pública (encuestas que muestran apoyo y apoyo del público); c) información relativa a la gravedad y a las causas del problema y a los costos y bene- ficios de las alternativas de políticas: d) grupos movilizables, público atento que comparte sus creencias para involucrarlos; e) recursos finan- cieros y, f) liderazgo hábil que puede crear una visión atractiva para una coalición. Estas condiciones se encontraban presentes en el origen y en el desarrollo del proceso de la po- lítica. Así, los gobiernos de Menem (1989-1995 y 1995-1999), en la determinación de la políti- ca de reforma de la carrera administrativa, con- tó con el apoyo empresarial constituido en una “Fundación para la Modernización del Estado”, con la asistencia financiera de los organismos internacionales, la intervención combinada del Ministerio de Economía y de la Secretaría de la Función Pública en el Comité Ejecutivo de Con- tralor de la Reforma Administrativa (CECRA) y la participación del más poderoso de los sindicatos de trabajadores estatales (UPCN). Finalmente, los mismos funcionarios de la Se- cretaría de la Función Pública y miembros del Cuerpo de Administradores Gubernamentales fueron parte del proceso de formulación e im- plementación de la política. Un indicio objetivo de debilitamiento de la coa- lición se manifiesta cuando, hacia la mitad de la década, se abre paso la flexibilización laboral habilitando la contratación sin relación de em- pleo en el sector público (Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional Nº 24.447 y Decreto