Revista-78

-88- / ICAP-Revista Centroamericana de Administración Pública, (78): 68-97, Enero-Junio/2020 responsabilidad social y lograr un alto nivel de desempeño organizacional: − Relación entre el gobierno y el sector públi- co: la relación de la agencia con el gobierno es clara. − Administración y supervisión: la administra- ción y supervisión de la agencia son respon- sables y tienen responsabilidades claramen- te definidas. − Estructura organizacional: la estructura de la agencia sirve a sus operaciones. − Operaciones: la agencia planifica sus opera- ciones para lograr sus objetivos. − Ética e integridad: la ética y la integridad es- tán integradas en los valores y operaciones de la agencia. − Personas: el liderazgo de la agencia en la gestión de personas contribuye a los logros individuales y organizacionales. − Finanzas: la agencia protege la integridad fi- nanciera y la responsabilidad − Comunicación: la agencia se comunica con todas las partes de manera accesible, abierta y receptiva. − Gestión de riesgos: la agencia identifica y gestiona sus riesgos. (PSC, Public Sector Commission, 2019). Las agencias son responsables de determinar sus propios sistemas de gobierno, estructuras y enfoques para entregar los resultados de la agencia, siempre que esto sea consistente con cualquier mandato legislativo aplicable. Los acuerdos de gobernanza deben adaptarse se- gún el tipo de organismo del sector público, sus funciones principales y el contexto en el que opera. Este contexto incluye factores como su tamaño, exposición al riesgo y tipo de negocio que realiza la agencia. Se requiere un equilibrio para garantizar que los procesos sean suficien- tes para garantizar la rendición de cuentas, pero no tan oneroso como para obstruir la eficiencia de la organización. 7. Responsabilidad Social: legitimidad en la Administración Pública. La legitimidad es definida por Suchman (1995) , como una: “percepción generalizada o supo- sición de que las acciones de una entidad son deseables, apropiadas o apropiadas dentro de un sistema socialmente construido de normas, valores, creencias y definiciones” (p.574). Por su parte, Scott (1995), considera que: “La legiti- midad no es una mercancía para ser poseída o intercambiada, sino una condición que refleja la alineación cultural, el apoyo normativo o la con- sonancia con las reglas o leyes relevantes” (p.45). Para el sector público, se podría decir que la legi- timidad es la diferencia entre la capacidad de la administración para implementar políticas y las expectativas de la administración pública (Pierre, 1993). Por otro lado, podemos considerar que la legitimidad administrativa se ha modelado como una tipología de cuatro partes: la administración y los administradores, como «instrumentos de control presidencial», «expertos en resolución de problemas apolíticos», implementadores del comando legislativo y «foros para la negociación entre diversos grupos de interés» (Seifter, 2014). La legitimidad deriva de cuán bien se abordan estas funciones, en cumplimiento responsable de sus actos. Por esta razón, “el poder de una agencia administrativa para regular el interés público siempre debe basarse en una concesión de autoridad válida” (McCarthy, 1995:23). Esto podría incluir “concesiones y limitaciones cons- titucionales y legales, sujetas a interpretación judicial” (ob cit.:68). La responsabilidad social implicaría, por tanto, el posicionamiento como autoridad válida de los órganos de administra- ción públicos.