Revista-78

-90- / ICAP-Revista Centroamericana de Administración Pública, (78): 68-97, Enero-Junio/2020 en la vida pública…La gente simplemente no se emociona tanto” (Pauker, 1973: 6-7). Los gobiernos ilegítimos pueden considerar la no participación de los grupos sociales como una verdadera declaración del consentimiento más amplio del gobierno y, por lo tanto apro- vechar esta falta de interés en el producto del gobierno. Sin un público involucrado, y bien in- formado, que actúe como control, p. ej., y en sal- vaguarda del estado de derecho, los gobiernos pueden desviarse cada vez más de sus manda- tos funcionales y autoridad legislativa. Algunos actores gubernamentales deseosos de obtener ganancias egoístas pueden depender de un pú- blico alienado y no involucrado, ya que la apatía podría simplificar los esfuerzos hacia fines co- rruptos. La legitimidad de la administración pública pue- de, como el sistema más amplio del sector pú- blico, verse como un sistema más o menos en equilibrio a lo largo del tiempo. A medida que una administración pública interactúa con otras agencias, ramas del gobierno y su entorno más amplio, será percibida como más o menos legíti- ma. Estas fluctuaciones pueden tener poco que ver con la propia agencia o sus acciones, ya que la calidad del producto en el gobierno puede atribuirse a una agencia dado su entorno: una institución o dependencia pública mal operada en un entorno de excelencia puede percibirse como relativamente mejor que una similar ro- deada de inferioridad. 8. Ideas conclusivas Lo más importante para las organizaciones y entes de la Administración Pública es que el desequilibrio puede dar lugar a expectativas de cambio, ya sea un cambio en el liderazgo, en las ofertas de programas sostenibles, en los enfo- ques para la prestación de servicios o ajustes de similar tenor. Debido a que cualquier instancia pública tiene información sobre el histórico de su actividad pasada, y sobre su entorno ope- rativo de influencia, se puede esperar que ta- les ajustes, sin embargo, requieran esfuerzos, tiempo y recursos sustanciales para lograr el cambio deseado. Esto hace que puedan existir beneficios tangibles e intangibles en la implan- tación de políticas de la responsabilidad social. Su desarrollo y aplicación ejemplar es clave en el papel de la administración y su colaboración con las empresas y la sociedad civil. Los casos de desequilibrios sustanciales pueden dar lugar a correcciones igualmente grandes (Jo- hnson, 1966). Otros tipos de desequilibrio, en el que los aspectos legales pueden estar fuera de alineación con las expectativas culturales, den- tro y fuera de la organización pública o privada, también pueden producir interrupciones en las operaciones administrativas. Sin embargo, el he- cho de no reconocer tales fenómenos, no preo- cuparse, y ocuparse de los desequilibrios entre administración pública, programas de responsa- bilidad social y sus resultados, es un sello distin- tivo de la ilegitimidad en la esfera pública, inde- pendientemente de si las acciones de gobierno y las empresas, son legales y están dirigidas por funcionarios o administradores electos. La responsabilidad social en la Administración Pública contribuye a que el territorio sea más competitivo a través de un modelo de coopera- ción entre las diferentes organizaciones y agen- tes socioeconómicos, y también entre zonas ru- rales y urbanas, contribuyendo así a la cohesión territorial. La conexión de la legitimidad interna y externa es fundamental y para tales fines es necesario considerar que: “los miembros [de la organiza- ción] buscarán reducir cualquier discrepancia entre sus percepciones de la organización...y sus percepciones de la imagen externa” (Breit, 2014:588). Esto se puede considerar como una forma de crear sentido, ya que los miembros de la organización deben intentar, siempre, reducir cualquier disonancia cognitiva que pueda estar presente entre la visión de la organización, su misión, y las percepciones de su trabajo en la comunidad en general (Ibídem).