Revista-78

-24- / ICAP-Revista Centroamericana de Administración Pública, (78): 20-41, Enero-Junio/2020 Introducción En las democracias contemporáneas, los Esta- dos cumplen un papel de capital importancia para el desarrollo humano de las sociedades, tanto en términos de los servicios generales que estos aportan a los ciudadanos, como aquellos específicos que se diseñan para atender reque- rimientos particulares de grupos concretos de la sociedad. Si bien es cierto, estas estructuras po- líticas vienen perdiendo legitimidad, a la vez que ceden poder ante otros actores internacionales y domésticos, es un error insostenible suponer que los Estados ya no tienen importancia en las actuales circunstancias. En efecto, el peso del Estado en el desarrollo humano es insoslayable y, en la mayoría de las sociedades, decisivo. Sea que el Estado constru- ya infraestructura, conduzca el proceso educati- vo, atienda la salud de la población o promueva condiciones económicas para que los agentes productivos generen riqueza, sus acciones tie- nen un efecto fundamental para la sociedad, a pesar de sus evidentes límites. Como bien sos- tiene Castells, Así pues, mientras que el capitalismo glo- bal prospera y las ideologías nacionalistas explotan por todo el mundo, el estado-na- ción, tal y como se creó en la Edad Moder- na de la historia, parece estar perdiendo su poder, aunque, y esto es esencial, no su influencia (Castells, 1998, págs. 271-272). Aún y si en las últimas décadas el capitalismo global le puso freno al crecimiento de las estruc- turas estatales en todo el mundo, sus operacio- nes nucleares siguen siendo más que decisivas en todos los países (Therborn, 2012). Dentro de los muchos impactos que tienen los Estados en el desarrollo de las sociedades, hay un conjunto de servicios públicos estratégicos que, indepen- dientemente de si los aporta de manera directa el Estado o el sector privado, requieren de la re- gulación pública, no solo en términos tarifarios, lo cual es sustancial, sino en términos de su im- pacto social y ambiental. Este aspecto sugiere superar la mera regulación tarifaria, con el fin de atender las necesidades de las personas, no solo de los servicios, sino de los bienes y su conser- vación, en una perspectiva global (Troya, 2019). En esta lógica, el presente artículo explora las re- laciones entre los esfuerzos de regulación de los servicios públicos y la búsqueda de una perspec- tiva sostenible en esas políticas, a partir de los lineamientos que sugieren los Objetivos de Desa- rrollo Sostenible [ODS] establecidos desde el seno de la Organización de las Naciones Unidas [ONU], en términos de las experiencias que se han de- sarrollado en varios organismos reguladores del continente americano 3 . Para ello, examinaremos los alcances de los ODS desde la perspectiva de las regulaciones de los servicios públicos, para luego ahondar sobre las políticas que se han de- sarrollado en diferentes países del continente americano, en una perspectiva comparada in- ternacional, orientada hacia las elucidaciones de las mejores prácticas o de benchmarking (Jofré, 1999). Particularmente, se examinarán los es- fuerzos de regulación de los servicios públicos en materia de electricidad , transporte público y agua , y con la consideración de los ejes transversales en materia de comunidades y ciudades inteligentes , acciones de política pública sobre el clima y los es- fuerzos de i nnovación en industria e infraestructu- ra , en dichas políticas. 1. Hacia la gestión de los servicios públicos en una perspectiva sostenible: los ODS El marco general en la construcción de políticas de regulación que apunte hacia una perspectiva eco- lógicamente equilibrada, se basa en la consecución de los ODS, marco doctrinal y conceptual de fon- do de todo el ejercicio, el modelo regulatorio y de 3. Este artículo recoge los resultados del informe de inves- tigación basado en el análisis de las experiencias que se desarrollaron en los congresos nacional y regional que, sobre la regulación de los servicios públicos en una perspectiva sostenible, llevó a cabo la Autoridad Regu- ladora de los Servicios Públicos de Costa Rica, con el apoyo del Instituto Centroamericano de Administración Pública, durante los años 2018 y 2019. Para detalles adicionales, consúltese: ICAP (2018) y (2019).