Revista-78

ICAP-Revista Centroamericana de Administración Pública (78): 20-41, Junio 2020/ -25- equidad de los servicios públicos, y los desafíos y brechas de los llamados Objetivos del Milenio. El problema principal que enfrenta América Latina frente al cumplimiento de los ODS se refiere, sin duda, a la cuestión de la desigualdad y la pobreza en el subcontinente (Zavaleta, 2019). Aunque la región no presenta los índices de po- breza más severos del mundo, sí ostenta el poco honroso primer lugar en materia de desigualdad; aspecto que no solo se relaciona con la distribu- ción del ingreso y la repartición de la propiedad, pues también incluye elementos vinculados con el ejercicio de derechos, el desarrollo de capa- cidades y autonomías, y la equidad de género, étnica, racial o territorial, para señalar las más importantes (CEPAL, 2017). La desigualdad estructural latinoamericana es un problema masivo para sus habitantes, pues el coeficiente de Ginni ha caído en 17 países, pero es muy heterogéneo y multifactorial, ya que va- ría mucho no solo entre los países, sino también dentro de estos, como en el caso de México. Aún y si una cantidad importante de los latinoameri- canos ha logrado salir de la pobreza, la mayoría no sale de su situación de vulnerabilidad, en fun- ción de esas condiciones estructurales, lo que pone en jaque los esfuerzos de los países por seguir por la ruta de los ODS (Zavaleta, 2019). Por estas circunstancias, desde que se realizó el lanzamiento mundial de los ODS, en América Latina hay conciencia del rezago relativo en el que se encuentra: La primera gran lección es que estamos obviamente rezagados en esta agenda. Cuesta admitirlo, pero es la realidad. Co- menzamos ya rezagados a cuatro años de haberla logrado. Tenemos grandes retos en cuanto a datos e innovación, tenemos retos importantes de aterrizaje en lo te- rritorial, tenemos retos de financiamiento […], pero también tenemos grandes retos de las formas en las cuales hacemos y en- tendemos las transformaciones estruc- turales que necesitamos para cumplir la agenda, en cómo innovamos, por ejemplo (Zavaleta, 2019). Los Objetivos del Milenio –originalmente ocho- son los predecesores de los actuales 17 ODS, pues se crearon para alcanzarse en 2015. Empe- ro, la implacable realidad empírica ha demostra- do que las brechas que esos objetivos pretendían reducir siguen siendo enormes; por ejemplo y a propósito de los temas de interés objeto de aná- lisis, 940 millones de personas viven sin electri- cidad en el mundo y 663 millones viven sin agua potable. Por este motivo es que se desarrollaron los ODS en términos de una agenda 2030, los cuales no solo representan más objetivos, sino que incluyen mecanismos de medición –indica- dores-, lo cual reviste de una importancia capital en las actuales circunstancias (Reinstein, 2019). La cuestión medular para los países que buscan alcanzar los ODS en sus esfuerzos de política pública remite a la problemática de cómo redu- cir las brechas sociales, económicas y culturales que impiden un avance más diligente hacia la consecución de aquellos. Si se parte de la base de que existen fuentes reales de financiamien- to para ello, está claro que es vital optimizar el uso de los recursos domésticos y usarlos para el desarrollo, movilizar recursos del sector privado mediante una clara definición de las reglas del juego y definir apropiadamente las herramientas de financiamiento que faciliten las inversiones. En el Banco Mundial (BM), por ejemplo, existen importantes espacios para generar esfuerzos de financiamiento para el desarrollo, siempre y cuando estos estén conectados con los ODS y con el fortalecimiento de los mercados domésti- cos para generar la riqueza que exige ese desa- rrollo. Múltiples ejemplos se pueden apreciar en las políticas del BM para promover el desarro- llo, en áreas como la concesión de obra pública para la construcción financieramente viable de infraestructura para el desarrollo, o el financia- miento de proyectos de modernización y mejo- ra de los esfuerzos de los países en materia de recurso hídrico o gestión de la energía eléctrica. En suma, sí es posible gestionar recursos para el desarrollo en los organismos financieros interna- cionales como el BM, y para la gestión de políti- cas públicas que coadyuven en el cumplimiento de la agenda 2030, y la actividad reguladora de los países puede constituirse en un importante