Revista-78
ICAP-Revista Centroamericana de Administración Pública (78): 20-41, Junio 2020/ -33- Es fundamental evolucionar hacia una libertad regulada que produzca a su vez solidaridad en la prestación de servicios públicos, sin la intromisión de órganos no especializados en la labor regulati- va. Para ello, es clave el fortalecimiento de la au- tonomía de los entes reguladores, a propósito de la opinión del Tribunal Europeo, que menciona la importancia de crear escudos de independencia en dichos órganos públicos. Además, los cambios tecnológicos disruptivos crean retos enormes para la regulación, a propósito de que muchos de ellos permiten superar la lógica de las fronteras nacionales, en un entorno regulado bajo la diná- mica del Estado nacional (Ortiz, 2019). Mapa conceptual núm. 8 Servicios públicos sostenibles: prospectiva de la equidad (México y Costa Rica) Fuente: ICAP (2019). Así las cosas, los retos señalan tres caminos cla- ros. En primer lugar, la necesidad de crear una nueva gobernanza , pues la irrupción tecnológica no le pide permiso a nadie para surgir y crecer, por lo que los marcos regulatorios y las políticas públicas deben involucrar a operadores y usua- rios –participación ciudadana–, por un lado, y a las múltiples instituciones de los diferentes po- deres del Estado, por el otro. En segundo lugar, se requiere regular en tiempos de innovación, más allá del enfoque reactivo tradicional, con usuarios empoderados que no piden permiso para actuar, y con mercados dinámicos, inver- sores eficientes y disruptores tecnológicos. Por último, se requiere un enfoque de regulación in- tegral, que contemple el aspecto económico, no solo con el sesgo tarifario y de precios, para evo- lucionar hacia una regulación de calidad en pro- ductos, servicio al cliente y gestión comercial. En cuanto al impacto en el entorno, el análi- sis se concentró en el caso costarricense, tal y como se aprecia en el mapa conceptual núm. 9. Elementos como la conexión entre el acceso a servicios públicos vitales, como el agua y la elec- tricidad, y el desarrollo humano integral de los habitantes, señalan que el cambio climático, los factores culturales y la pobreza, al afectar la ges- tión pública de estos servicios, crean, de hecho, factores que profundizan la desigualdad social (Crespo, 2019).
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