Revista-78

ICAP-Revista Centroamericana de Administración Pública (78): 68-97, Enero-Junio/2020 -79- estar en condiciones de ofrecer perspectivas, argumentos, herramientas analíticas e informa- ción, que permitirían, al liderazgo político, apre- ciar las interconexiones e interdependencias en- tre los tres sistemas. Otro tema relevante es que los profesionales en tales situaciones tienen la obligación ética, al menos, de instar a los líderes políticos a pensar más detenidamente sobre el bienestar a largo plazo y la supervivencia de la comunidad o región en que operan, trabajando dentro de un marco de sostenibilidad. Hay críticos que argumentarán que usar la sos- tenibilidad como un enfoque conceptual para la Administración Pública, conlleva un sesgo hacia la participación del gobierno, restricción de los mercados económicos y la acción colectiva en general. En efecto, autores conservadores en este punto, representan el ambientalismo como el último aspecto bajo el cual, los principios «so- cialistas y ambientalistas» se extenderán a una gama de políticas públicas (Krauthammer, 2008). En este orden de ideas, se nos dan dos perspec- tivas sobre el argumento anterior. Primero, por su propia definición, la Administración Pública está fuertemente sesgada hacia la acción colec- tiva de muchos tipos, sí no hubiera necesidad de acción colectiva en la sociedad, no habría «pú- blico» para administrarla. Segundo, el concep- to de sostenibilidad no implica necesariamente una gran expansión del gobierno o restriccio- nes en los mercados; de hecho, muchos obje- tivos de sostenibilidad se alcanzarían mediante la eliminación de los subsidios e impuestos que distorsionan el mercado, fijando precios justos y aplicando estrategias de mercado a problemas colectivos, a través del desplazamiento de las cargas impositivas, generación de incentivos y promoción de la ética para la sostenibilidad. Es justo decir que la sostenibilidad requiere ma- yor implicación de la acción colectiva, y pueden desarrollarse estrategias y modelos de gestión sostenibles consistentes con valores e institu- ciones que se posicionen cada vez con mayor sentido de responsabilidad sociopolítica. Otra crítica a este cambio de enfoque es que sesgaría a los administradores públicos contra el crecimiento económico y la competitividad, y socavaría la economía de los EE.UU. Este fue el argumento central de los críticos de regulación ambiental durante décadas, y está en la agenda de la oposición, concretamente en la acción so- bre la emisión de gases de efecto invernadero. No obstante, se esgrimen tres respuestas a este argumento. En primer lugar, el crecimiento económico re- quiere ser templado o redefinido para incorpo- rar más principios ambientalmente sostenibles. Dado el crecimiento de la población y los cam- bios en movilidad, tecnologías y consumo alre- dedor del mundo, el modelo actual es insoste- nible. Segundo, las compensaciones de ahorro entre los sistemas económicos y ambientales han sido muy exageradas. La evidencia sugiere que los objetivos del progreso económico y am- biental no son necesariamente irreconciliables. Y en tercer lugar, se hace cada vez más impera- tivo contar con instituciones y políticas que pro- muevan la sostenibilidad y que ofrezcan opor- tunidades para la ecoeficiencia y el crecimiento sostenible. El incremento de los estándares de vida y la sos- tenibilidad medioambiental no sólo son recon- ciliables, sino que, en muchos casos, son sinér- gicos. De hecho, las ideas de sostenibilidad, la política y la gobernanza de la sostenibilidad se basan en el supuesto que tales sinergias existen, no para cada decisión política o para todos los intereses, sino a largo plazo, y para la sociedad en su conjunto. La gestión sostenible de la Administración Pú- blica, en pleno siglo XXI, debería ir ligada a la Agenda 2030, ya que constituye la hoja de ruta aprobada por Naciones Unidas y ratificada por todos los Estados miembro, para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).