Revista-78

-86- / ICAP-Revista Centroamericana de Administración Pública, (78): 68-97, Enero-Junio/2020 Adicionalmente, un mecanismo de transparen- cia y rendición de cuentas, de reciente creación, lo constituye la serie de informes e indicadores de sostenibilidad integrados; no obstante, éstos han sido un asunto marginal para las normas y directrices generales en la presentación de in- formes de sostenibilidad/RSE, dado que los re- porteros e instituciones tienen un interés limi- tado. El Global Reporting Initiative (GRI, por sus siglas en inglés), es un ejemplo de este compor- tamiento, que ignora dichos indicadores en las Directrices G3 21 (Azcárate, Carrasco y Fernán- dez-Chulián, 2011). 6. Responsabilidad Social: el buen gobierno de la Administración Pública. El comportamiento de la Administración públi- ca y de las personas que la forman, ha de estar guiado por unos valores de carácter ético, a los que se añaden los valores propios de la soste- nibilidad, la transparencia y la responsabilidad social. Sin embargo, el concepto Responsabi- lidad Social va más allá de la identificación de unos valores, ya que pretende gestionar y dirigir la organización previendo, por una parte, que cumplir la ley no significa tan solo el acatamien- to formal sino la aplicación de acuerdo con su espíritu y atendiendo a la finalidad que persigue. Por otra parte, las decisiones que se toman tie- nen consecuencias e impactos que no quedan regulados por ninguna normativa legal pero que afectan a la justa salvaguarda de los derechos humanos y los propósitos por la sostenibilidad. Durante la mayor parte del siglo XX, la idea sobre «buen gobierno» era una aspiración de aquellas personas e instituciones preocupadas por el mejoramiento y la operación efectiva de las relaciones de la gestión pública y privada. No obstante, el panorama de nuestro ecosistema está dando un giro mucho más comprometido y 21 Tercera generación de directrices (G3), sobre estánda- res de elaboración de memorias RSC de Global Repor- ting Initiative (GRI) certero, y menos retórico sobre los significados de un «buen gobierno». En este punto, ¿Qué constituye el buen gobier- no? Generalmente nos suscribimos a un princi- pio simple: La gobernanza es lo que contribuye al bien de la sociedad. El buen gobierno, como concepto, se ha utilizado tradicionalmente en el contexto del desarrollo y los países en desarro- llo. Ha sido común que los países más pobres cumplan con los «principios de buena gobernan- za» para obtener ayuda del Fondo Monetario In- ternacional o Banco Mundial (De Graaf, 2013). Sin embargo, la idea de la gobernanza se aplica cada vez más a los estados nacionales modernos que luchan por encontrar nuevos (actores y en- foques multinivel) sobre la gobernanza pública (Rhodes, 2007). Es este cambio que puede ex- plicar el reciente crecimiento del interés acadé- mico en una aplicación más amplia del concepto de buen gobierno. Las instituciones tradicionales de gobierno ya no definen «lo que funciona y lo que es correcto», las preguntas sobre la calidad de la gobernanza vuelven automáticamente al centro de lo públi- co y lo académico. Estas preguntas se refieren a la efectividad y eficiencia de la gobernanza, así como elementos de ética (integridad), democra- cia y legitimidad. El concepto de buen gobierno, amplía el alcan- ce de la evaluación del desempeño público. La nueva gestión pública, se centra principalmente en cuestiones de eficiencia y producción. Como la voz y la transparencia, el estado de derecho y la efectividad del gobierno (Kaufmann, Kraay y Mastruzzi, 2007), pueden ser conflictivos o con- tradictorios en las políticas públicas y la respon- sabilidad social de dichas políticas. En los últimos años, también se ha criticado el concepto buen gobierno. Grindle (2010), p. ej., ha caracterizado el buen gobierno como una «idea inflada». En este sentido, Choudry (2002), consideraba que el buen gobierno merecía el premio al doble discurso orwelliano . Visto así, es más fácil ponerse de acuerdo sobre lo que cons- tituye una mala gobernanza que sobre qué es