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Revista Centroamericana de Administración Pública, (84) enero-junio/2023
como los Derechos civiles y políticos,
los Derechos económicos y sociales,
los Derechos culturales y los Derechos
colectivos.
A través del control de
convencionalidad se establece una
nueva instancia internacional de
acuerdo a lo previsto en los tratados. Los
ciudadanos privados tienen el derecho
subjetivo a un juicio justo, que incluye
el derecho a un proceso legal imparcial
y a ser oídos antes de que se tomen
decisiones que afecten sus derechos.
El control de convencionalidad asegura
que los procedimientos judiciales y
las garantías procesales cumplan con
los estándares internacionales, lo que
garantiza que los ciudadanos tengan
acceso a un juicio justo y equitativo
y a una revisión extraordinaria de sus
procesos estatales.
Si bien los tribunales internacionales
desempeñan un papel fundamental
en la protección y promoción de los
Derechos Humanos a nivel global, una
de las principales dificultades a las
que se enfrentan es la ejecución de
sus decisiones. La falta de un sistema
centralizado de cumplimiento y la
resistencia de los Estados a implementar
Instituto Centroamericano de Administración Pública
las decisiones de los tribunales
internacionales pueden obstaculizar la
efectividad de los derechos reconocidos
en los tratados.
Como ocurrió en la historia de la
implementación del poder judicial ─una
historia que desgraciadamente no está
conclusa─ los tribunales internacionales
no tienen un mecanismo centralizado
para garantizar la ejecución de sus
decisiones. Dependiendo de su
estructura y mandato, pueden depender
aún más que los nacionales de la
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voluntad y cooperación de los Estados
para implementar sus fallos. Esto ha
dado lugar a demoras y obstáculos en
la ejecución de las decisiones, así como
a la deslegitimación de las instituciones
internacionales y a la propia defección
de los Estados debilitando la integración
regional.
Los tribunales internacionales tienen
que mejorar el diseño de la coerción
estatal y diseñar a través del Derecho
internacional la responsabilidad
estatal cuando un Estado no cumple
con las decisiones de acuerdo a las
convenciones que han firmado.
Además, el Derecho convencional
como instancia debe permitir la
legislación negativa de las normas
legales de los Estados que invaden
competencias o contravienen
directamente las Convenciones firmadas
por los Estados.
Para ello, los agentes jurídicos
nacionales desempeñan un papel
crucial en la sensibilización y educación
de los ciudadanos sobre los Derechos
reconocidos por los tribunales
internacionales y estos deben convertirse
en la vanguardia de la sensibilidad social
acercándose a las demandas ciudadanas
e incluso aprovechar tácticamente
el natural carácter conservador de la
legislación estatal y de sus intérpretes
jurisdiccionales. Los tribunales
internacionales necesitan incluso más
que los estatales una legitimación
democrática que soporte su legitimidad
legal, y convertirse en estímulo de
los Derechos de tercera generación
estimulando a los operadores jurídicos
estatales en la ampliación de derechos
y la responsabilidad con los acuerdos
internacionales.