Hacia la firma e implementación de la Convención de la ONU sobre ciberdelincuencia
La recién aprobada Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia fue el objeto del seminario organizado de manera conjunta por el ICAP, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Cancillería de Costa Rica. Participaron Embajadores y representantes de Embajadas de El Salvador, Guatemala y República Dominicana, así como de otras naciones promotoras de la iniciativa, como España, Canadá y la Unión Europea. Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Embajador de Vietnam en México, habiendo sido Hanoi la ciudad en que se aprobó esta importante convención en el mes de octubre del presente año.
La Embajadora Eugenia Gutiérrez, Directora alterna de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, país firmante de la Convención, subrayó la relevancia de promover que otros países firmen el instrumento para que entre en rigor. Por su parte, la Jefa del Programa Global de Ciberdelito de UNODC, Nayelly Loya, explicó los objetivos del instrumento como herramienta universal y, en ese marco, la gestión y uso de evidencia digital, los mecanismos de cooperación internacional en el ámbito tecnológico y las estrategias de prevención de la ciberdelincuencia.
La jornada tuvo un carácter informativo y de sensibilización, dirigido al personal diplomático de la región con sede en Costa Rica. Su propósito fue brindar un panorama claro sobre el alcance de la Convención, sus beneficios y los procesos vinculados a su firma, ratificación e implementación, además de recoger impresiones preliminares sobre las oportunidades para fortalecer su promoción en la región.
Las representaciones diplomáticas compartieron sus perspectivas sobre los retos y oportunidades que abre esta Convención para fortalecer la cooperación internacional, la obtención de pruebas digitales y la prevención del ciberdelito en la región.
El ICAP reafirmó su compromiso de acompañar a los países de la subregión en los procesos de firma, ratificación e implementación de este instrumento global. De igual forma, en atención a su mandato, contribuir al fortalecimiento de las capacidades de las administraciones públicas para la mejora de la gestión preventiva, eficaz, coordinada y sostenible frente a las crecientes amenazas cibernéticas.
