Page 43 - Revista No 84

Artículo No.2
de Derecho Comunitario la integración
centroamericana se convierte en
un proyecto, que se construye y
reconstruye continuamente: un
proceso que jamás será definitivo.
Proceso de integración que se
institucionalizó con los Acuerdos de
Esquipulas II y posteriormente con
el Protocolo de Tegucigalpa sin una
fecha de caducidad. Su plazo ilimitado
nos transmite a nosotros y a las
generaciones futuras el compromiso
firme de sostener un proyecto
irrevocable y duradero, pero mejorable.
En su praxis establece una diferencia
entre su constitución formal y real. El
ordenamiento jurídico comunitario
lo hacen las fuerzas políticas no
solo a través de su aprobación por
los canales institucionales, sino en
especial, por su sometimiento a
la norma como vía de solución de
conflictos. No basta con establecer
leyes y reglamentos, adquiere vida
propia en tanto respetamos y creamos
en sus instituciones, sus instrumentos y
sus acciones.
La característica fundamental
del Derecho Comunitario es la
formalidad de un acuerdo, entre partes
independientes, que por su naturaleza
es frágil y depende de la voluntad
política e institucional de las partes
para su cumplimiento. De ahí que su
desafío es transitar entre la legitimidad
con la efectividad. En la medida que
crece la apropiación y compromiso de
los actores involucrados, traducido por
una parte en la voluntad política de
sus representantes, crece las garantías
para hacer de este proceso uno
irreversible y profundo; de tal manera,
que el proceso tenga capacidad de
fortalecerse y seguir generando bienes
públicos regionales inclusive en un
contexto cambiante y desafiante
(Salazar Grande & Ulate Chacon, 2013).
Por tanto, su fortalecimiento nos
permite avanzar en la creación de
oportunidades económicas y sociales
para los sectores sociales más
vulnerables de nuestra región. Creer
en el fortalecimiento del Derecho
Comunitario es establecer una
Revista Centroamericana de Administración Pública, (84): 34-47, enero-junio/2023
Revista Centroamericana de Administración Pública, (84) enero-junio/2023
diferencia no solo en la “forma de
integración”, sino también en el “modo
de integración”. “Ipse autem rex non
debet ese sub homine sed sub deo et
sub lege quia lex facit regem” Henri
Bracton. La máxima de Bracton va
más allá de “No es el rey el que hace
a la ley, sino la ley la que hace al rey”,
implica el ejercicio dentro de los límites
formales y materiales establecidos por
el ordenamiento jurídico.
Con orgullo reconocemos que el
marco jurídico que norma el trabajo
del SICA se alinea con la Agenda
2030 de las Naciones Unidas, y sus
diecisiete objetivos de desarrollo
sostenible, están contemplados en los
Acuerdos de Esquipulas, el Protocolo
de Tegucigalpa y especialmente en la
ALIDES, donde se concibe el desarrollo
como:
un proceso de cambio progresivo
en la calidad de vida del ser
humano, que lo coloca como centro
y sujeto primordial del desarrollo,
por medio del crecimiento
económico con equidad social y
la transformación de los métodos
de producción y de los patrones
de consumo y que se sustenta en
el equilibrio ecológico y el soporte
vital de la región. Este proceso
implica el respeto a la diversidad
étnica y cultural regional, nacional y
local, así como el fortalecimiento y
la plena participación ciudadana, en
convivencia pacífica y en armonía
con la naturaleza, sin comprometer
y garantizando la calidad de vida
de las generaciones futuras (SICA,
1994).
Esta concepción del desarrollo se
concretó en el año 1994, mucho antes
que Naciones Unidas se planteara
estos objetivos, lo cual nos revela que, Instituto Centroamericano de Administración Pública
desde sus orígenes, respondiendo a la
necesidad, tan válida en ese entonces
como lo es ahora, de un pleno respeto
a los derechos humanos, justicia, del
cierre de las brechas de desigualdad, el
fin de la discriminación, y el respeto al
Estado de Derecho.
La Secretaría General del SICA no
43