Educación y trabajo: los recónditos pero visibles vacíos de los sistemas
Por: Alexánder Castro Mena
San José- 03 de abril de 2020. Aunque los sistemas públicos y las organizaciones privadas desarrollen análisis prospectivos para establecer estrategias o instrumentos enfocados en minimizar, controlar o evitar los riesgos, existen múltiples factores o situaciones fortuitas que por su complejidad podrían superar todo intento de prevención, contención o intervención, ocasionando una desaceleración sostenida que conduce a la incertidumbre y luego a la paralización de la estructura. La historia de la humanidad revela que muchos fenómenos o situaciones altamente riesgosas provocadas por factores sociales, naturales, económicos, tecnológicos políticos e inclusive de salud, han azotado severamente las economías, las estructuras sociales y las condiciones de vida en distintas dimensiones.
Los actuales acontecimientos mundiales provocados por el virus SARS-CoV-2, que produce la enfermedad COVID-19, son parte del siniestro escenario que nadie desea, aunque siempre existe la posibilidad de que surjan, en mayor o menor escala. Ese estado de latencia de los fenómenos catastróficos debe ser considerado, aunque no existan.
Claro, por obvias razones resulta más fácil mencionarlo ahora que antes de la pandemia. No obstante, cuando esto llega, trae consigo un efecto revelador de la vulnerabilidad de todo aquello que se construyó y que, hasta cierto punto, se consideraba indestructible o impenetrable.
Es en ese momento de tragedia cuando el pensamiento crítico debe conducir a la aceptación de una realidad evadida durante mucho tiempo
a causa de la retórica del discurso, desde los que se practica la pésima costumbre de proyectar lo que del todo no existe. Es hasta ese punto, cuando se acepta que, desde la salud, la educación, las finanzas públicas, el trabajo, la seguridad alimentaria, la seguridad social, la justicia, la legislación, la cultura y la convivencia no se estaba preparado para afrontar una situación de tal magnitud.
Lo expuesto invita a valorar y dialogar desde diferentes perspectivas el funcionamiento de las sociedades, especialmente en la región centroamericana. No se trata de abandonar abruptamente el tema anterior, sino de asignar valor a la metacognición. Para ello, se puede realizar un breve recorrido por algunos componentes de las economías de las sociedades centroamericanas, iniciando en el mundo del trabajo. En este contexto, es importante señalar que, quienes posean determinadas habilidades tienen más posibilidades de acceder al trabajo y entre más capital humano calificado, mayor amplitud del mercado laboral. Esto por cuanto existe una demanda sostenida de las empresas a las sociedades, vinculada con la creación de una fuerza laboral con características muy particulares. Aquí se marca una relación muy importante entre el trabajo y la educación, si los sistemas educativos no son efectivos limitan las posibilidades de trabajo y de desarrollo económico.
En países como Alemania, España, Francia, Suiza, entre otros prevalece una marcada orientación a la contratación de personas trabajadoras con habilidades generales y específicas, entre ellas: las habilidades cognitivas avanzadas, la habilidad para adquirir nuevas habilidades, las habilidades socioconductuales, la adaptabilidad, el pensamiento crítico y la capacidad para resolver problemas complejos y otras. Sin embargo, conviene señalar que esta no es una condición permanente, porque los avances tecnológicos arrastran también la necesidad de contratar personas con nuevas habilidades, más aún cuando los procesos de automatización absorben ciertas tareas tradicionalmente desarrolladas por personas. Esto no significa que se acabe el trabajo, todo lo contrario, siempre será necesario abrir nuevos empleos, en aquellas áreas donde las tareas no pueden ser codificadas para que las asuma un robot.
Todo esto apunta a una dinámica constante de ajuste en los requerimientos (de los perfiles) como consecuencia de las trasformaciones industriales con efectos globales, lo que genera en las organizaciones una predisposición al cambio para alinearse a las pautas que determine el progreso. Aquí surge una de las grandes diferencias entre el sector privado y el sector público: los procesos de reclutamiento, selección y contratación del capital humano para afrontar los desafíos, indistintamente de su naturaleza. No obstante, a pesar de que las empresas tratan de garantizarse la contratación de los mejores perfiles, esto no define que estén preparadas para afrontar situaciones emergentes realmente complejas. Parece ser, entonces, que la acumulación del capital humano tampoco asegura la supervivencia organizativa.
Da la impresión que el capital humano se utiliza para la efectividad de las operaciones y la adaptación del negocio a los nuevos requerimientos del mercado. Es decir, se busca la modernización de los procesos y la calidad de los productos para ser competitivos y mantener la vigencia en el mercado.
Lo que no queda claro es la capacidad de algunas organizaciones, públicas y privadas, para generar las condiciones que faciliten su adaptación a las nuevas condiciones, aunque estas no sean confortables
En este punto es posible señalar dos características organizacionales: la competitividad y el autocuidado. La primera representa la capacidad de las organizaciones para sostenerse en la volatilidad del mercado, mientras que la segunda refiere a la capacidad para protegerse como organización y proteger su capital humano cuando cambian drásticamente las condiciones de progreso y prosperidad.
Según el Banco Mundial, en el Informe sobre el Desarrollo Mundial: La Naturaleza del Trabajo Cambiante (2019), “la capacidad para adaptarse con rapidez a los cambios es cada vez más valorada en el mercado laboral. El rasgo que se busca es la adaptabilidad, esto es, la capacidad de responder ante circunstancias inesperadas y de desaprender y volver a aprender rápidamente” (p.72).
Lo curioso de esto es que las organizaciones buscan personas con esta habilidad, mientras que sus estrategias resultan ser poco adaptativas. Se podría deducir que lo realmente necesario es hacer frente a la naturaleza cambiante del trabajo, mas no afrontar desde el trabajo la naturaleza cambiante del contexto.
La relación entre la educación y el trabajo, mencionada anteriormente, permite cambiar de escenario para señalar algunos aspectos de los sistemas educativos que también se develan con la aparición de situaciones extremas, como la modernización y la digitalización. La adopción de las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar la calidad de la educación y promover el desarrollo de habilidades digitales es un proceso lento en la región, donde la mayoría de países ha dado énfasis a la dotación de equipos, de Internet de banda ancha, a la proliferación de laboratorios y la regulación de las tecnologías móviles en los centros educativos. Se rescata los esfuerzos de Costa Rica y Panamá, ya que, en diversos informes emitidos por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, El Diálogo Interamericano, la CEPAL, entre otras organizaciones figuran como las sociedades que han avanzado con mayor rapidez en la adopción de las tecnologías y la disminución de la brecha digital.
A pesar de esto, la situación que se vive actualmente por la pandemia del COVID-19, deja ver que la brecha es más más ancha, más larga y más profunda de lo que parecía. La educación de la primera infancia, así como la educación primaria, secundaria y universitaria han sido golpeadas fuertemente por la realidad que no se quería ver ni aceptar. Hoy es posible observar el caos que se ha desatado porque los diseños curriculares y las metodologías de formación superior son dominantemente presenciales. Los profesores, los administrativos y los jerarcas universitarios corren para alcanzar tres metas: a) adaptar el pénsum, b) encontrar la solución informática viable y robusta para soportar el tipo de actividad y c) capacitar a sus profesores para incursionar, algunos por primera vez, a la educación virtual. Los Ministerios o Secretarias de Educación enfrentan una de sus peores pesadillas: educar fuera de las aulas. El panorama empeora cuando surgen los cuestionamientos: ¿cómo organizar el proceso educativo en un ambiente virtual cuando siempre ha sido presencial?, ¿cómo crear un escenario educativo donde participen, en promedio, 1 millón de estudiantes y 60 mil docentes?, ¿qué hacer con las regiones donde aún no hay acceso a la internet ni se cuenta con equipamiento?, ¿están preparados los docentes para asumir este nuevo rol?
Respecto al tema de la tecnología educativa, El Diálogo Interamericano (2019), en el documento denominado Transformando la experiencia de aprendizaje a través del uso de la tecnología educativa: Desafíos y oportunidades en América Latina, ha señalado que:
“(…) estamos en medio de una profunda revolución tecnológica. Grandes avances en computación, el crecimiento de la inteligencia artificial y el Big Data, están transformando la vida y el trabajo a pasos agigantados, y las habilidades que las personas requieren para entrar en el mercado laboral son distintas y van más allá de las enseñadas por las escuelas tradicionales” (p.5)
Además, define tres razones por las cuales la tecnología es fundamental en la transformación de la educación. Primero, porque “(…) es a través de la tecnología, y sólo a través de su uso, que las personas pueden desarrollar sus habilidades digitales. Segundo, “(…) porque la tecnología democratiza el acceso al contenido y la instrucción al romper barreras como la escasez de maestros, o la ubicación geográfica”. Y tercero, “(…) porque usada de forma correcta la tecnología fomenta el aprendizaje personalizado y activo, da continuidad al aprendizaje fuera de los contextos formales, y facilita el desarrollo de nuevas competencias (…)”. (p.6)
Todo esto debe despertar la responsabilidad social de los gobiernos centroamericanos para reflexionar acerca del cómo y en qué se ha invertido las finanzas públicas destinadas a la educación durante los últimos 20 años, sin dejar de lado el cuestionamiento a las inversiones actuales. Con el fin de conocer si realmente las inversiones han generado los resultados que al día de hoy permitan afrontar la emergencia sin mayores afectaciones al proceso educativo. En realidad, el plazo de 20 años es corto, porque desde 1980 las sociedades centroamericanas hablan con mayor frecuencia de la necesidad de modernizar los sistemas educativos y de cerrar la brecha tecnológica.
Sin duda, el momento histórico permite reconocer que:
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- Los sistemas educativos, tanto en lo administrativo como en lo académico, son vulnerables.
- La desactualización normativa limita la transformación de la educación y la creación de ecosistemas para el uso de las tecnologías educativas.
- El arraigo por la educación presencial impide la urgente transformación educativa.
- Los sistemas educativos están llenos de tecnología, mas no hay modelos de educación que integren efectivamente la tecnología en la educación.
- En Centroamérica se cuenta con políticas educativas “visionarias” en cuanto a la tecnología educativa, aunque poco exitosas en el logro de resultados.
- Existe una deuda en el desarrollo de habilidades digitales en la población docente.
- La educación no está desarrollando las habilidades digitales que requieren los estudiantes para su empleabilidad.
- Que el tradicionalismo en la educación aumenta la brecha entre la demanda laboral y la existencia de capital humano.
A pesar de todo, es meritorio reconocer el esfuerzo descomunal de las universidades, de los Ministerios y de las Secretarías de Educación para resolver el problema. Se debe exaltar el compromiso y la responsabilidad con la que se trata innovar, de cambiar las normativas, de crear nuevas herramientas, de ajustar las metodologías y de minimizar el impacto psicológico en la población estudiantil y en la población docente.
Sin embargo, también se debe trabajar en una estrategia que mantenga despierto el sistema, para que no sea víctima de lo que llamaremos en este documento el efecto PEP (pasividad-efectividad-pasividad.
Gráfico 1. Efecto PEP
Fuente: Elaboración propia.
Según el gráfico 1, el efecto PEP (pasividad-efectividad-pasividad) se compone de un estado preponderante (pasividad) y cuatro etapas temporales (transición, aceleración, efectividad y desaceleración). Una organización se mantiene en una condición de pasividad o normalidad funcional, aunque no lo parezca, hasta que súbitamente es golpeada por una situación adversa inesperada. Esto provoca una desestabilización que permite atravesar por un proceso de transición que a su vez estimula el deseo de cambiar el estilo de gestión. Este deseo genera una aceleración en la búsqueda de soluciones, en la implementación de nuevas estrategias y en la transformación. Cuando se logra implementar dichas soluciones o estrategias se alcanza el punto más alto, que representa la efectividad de la gestión. Lamentablemente, cuando la situación adversa pasa o se resuelve, el sistema se desacelera hasta caer en un proceso de transición para adoptar nuevamente una dinámica pasiva. Lo ideal es que cada sistema se mantenga en el punto más alto y que esa efectividad sea canalizada para resolver otros problemas.
El efecto PEP invita a pensar en la necesidad de políticas públicas para la modernización, la digitalización y la innovación en la educación y el trabajo. Con mayor precisión, es conveniente iniciar la discusión de políticas en: a) Educación, b) Educación y trabajo, c) Trabajo y d) Trabajo y educación. Todo esto desde la integralidad de los sistemas, la visión estratégica, la planificación a largo plazo con claridad de indicadores, procesos de seguimiento y de evaluación.
Referencias Bibliográficas
Banco Mundial. (2019). Informe sobre el desarrollo mundial (WDR) 2019: La naturaleza del trabajo. Disponible en https://www.bancomundial.org/es/publication/wdr2019
El Dialogo Interamericano (2019). Transformando la experiencia de aprendizaje a través del uso de la tecnología educativa: Desafíos y oportunidades en América Latina. Disponible en https://www.thedialogue.org/wp-content/uploads/2019/12/Transformaci%C3%B3n-Layout-1.pdf
Sobre el autor
Alexánder Castro Mena
Costarricense. Investigador, actualmente se desempeña como Asesor Nacional en el Ministerio de Educación Pública. Se desempeñó como Director Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano, posee 13 años de experiencia en docencia universitaria. Actualmente colabora como consultor asociado a los procesos de investigación que desarrolla el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP).
