Page 77 - Revista No 84

Artículo No.3
necesario o viable una reforma
normativa que encamine hacía la
obligatoriedad de la consulta en
escenarios concretos. La reforma de
un instrumento internacional como
este no siempre es factible a corto
plazo. Para nosotros, la efectividad
de la consulta prejudicial podría
propiciarse desde los órganos
supremos de justicia de cada Estado
que, como instancia jerárquica
superior del sistema jurisdiccional
nacional, pueden fomentar que el
juez nacional en su papel de juez
comunitario acceda a la CCJ para una
efectiva interpretación del derecho
comunitario a aplicar.
Aun cuando hemos dicho que
son similares en su esencia, la
competencia respecto a la CCJ se
distancia de la UE en la medida
en la que la CCJ solo está llamada
a pronunciarse en relación a competencia. Lo cierto es que los
la interpretación de la norma
comunitaria expresamente, y no
se le ha otorgado la facultad de
pronunciarse sobre la validez de
los actos de la institucionalidad
regional como si sucede en el
caso europeo. No consideramos
lo anterior una debilidad del
sistema centroamericano, sino una
particularidad del caso europeo
que no necesariamente tiene
que ser la regla para todos los
procesos de integración. Creemos
esta capacidad de pronunciarse
sobre actos, es congruente con el
desarrollo más avanzado del caso
europeo en contraposición al caso
centroamericano, por lo que no se
considera que la competencia para la
Revista Centroamericana de Administración Pública, (84): 48-83, enero-junio/2023
Revista Centroamericana de Administración Pública, (84) enero-junio/2023
CCJ deba ampliarse hacia la revisión
de validez de actos.
b) La ampliación del concepto
juez nacional
Pese a las distintas variaciones
que en su configuración normativa
se han planteado en relación a la
figura de la consulta prejudicial
y a la diferenciación en su uso
en cada proceso de integración
comprado en esta investigación,
ciertamente la configuración jurídica
de la competencia en el SICA y el
reconocimiento al valor del derecho
comunitario es esencialmente la
misma.
Es pertinente valorar el contexto
andino en relación a la ampliación
del concepto de “juez nacional”
en referencia a quienes están
legitimados para activar esta
requisitos planteados en el tribunal
andino para considerar al árbitro o
tribunal arbitral como juez nacional a
efectos de esta competencia podrían
ser igualmente válidos para la región
centroamericana.
Si al árbitro o tribunal arbitral se le
han reconocido facultades similares
a las del juez para la solución de
una controversia, se le ha otorgado
la capacidad de juzgar en un caso
en concreto, por lo cual administra Instituto Centroamericano de Administración Pública
justicia y sus laudos tienen la misma
fuerza ejecutiva que una sentencia,
pues ciertamente el árbitro o
tribunal arbitral podría encontrarse
ante una norma comunitaria que se
contrapone a una norma nacional, y
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