Y ahora, ¿quién podrá defendernos?
Autor: M.Sc. Marco Tulio Cajas López, investigador senior ICAP, Guatemala.
La crisis sanitaria ha dejado de ser sanitaria. Lo que hoy emerge con crudeza es una crisis; social porque ha roto conductas y pautas de relación entre las personas, económica porque ha dislocado el mundo del empleo y política porque el supuesto orden político vigente será tarde o temprano cuestionado.
Este cambio de época nos encuentra con que ni los gobiernos ni las administraciones públicas de la región centroamericana estaba preparadas para semejante terremoto institucional. Si por los años sesenta y setenta las reformas administrativas tenían como consigna el desarrollo poniendo al Estado como su gran promotor, en los años ochenta y noventa se nos dijo que el Estado, y concretamente el gobierno, era su principal obstáculo.
El entusiasmo neoliberal propició el desmantelamiento de servicios sociales a favor de los más desprotegidos porque suponía que, aparte de crear una perniciosa cultura de dependencia, eran sumamente costosos al tesoro público. Y, en la lógica del gobierno empresarial, que era el nuevo paradigma, los idéales deberían ser eficacia, eficiencia y economía a cualquier costo en el manejo de la cosa pública.
El discurso pareció siempre muy convincente en nuestros países primero por la tradicional desconfianza y rechazo a la autoridad -cualquiera que sea ésta- y segundo por la perenne corrupción administrativa, de manera que, a la vista ingenua de muchas personas, la empresa o el mercado parecían superiores a las organizaciones públicas enmarañadas en sus laberintos burocráticos.
Muchos creyeron que las burocracias terminarían desapareciendo y con ellas todos los males del gobierno, pues la “opinión pública”, que por cierto no es opinión desinteresada y mucho menos pública, era partidaria de que lo que necesario eran gobiernos empresariales.
Así se fueron desmontando y abandonando la educación pública, los sistemas de salud preventiva, los mecanismos de protección de precios para los agricultores, la seguridad social y un largo etcétera.
En medio de ese proceso llegó el año 2020 y con él la crisis del COVID-19. Han pasado pocas semanas pero frente a nuestros ojos los cambios no son pequeños; las economías más desarrolladas del planeta se encuentran en caída libre, los gobiernos de todo el mundo han tenido que lanzar salvavidas financieros a las empresas y hoy no encontraríamos un solo economista o empresario que se atreviera a contradecir que es función esencial de los gobiernos proteger los bienes públicos y que dentro de esos bienes se encuentra la salud pública, el empleo formal o informal y la seguridad de las personas. Por eso, los gobiernos de los países capitalistas no han vacilado en aportar fondos públicos a las empresas y directamente a los consumidores en contradicción a la ideología neoliberal.
Porque lo que no nos dijeron los partidarios del gobierno empresarial, es que el gran desarrollo económico y social de los países más avanzados de la tierra tuvo siempre el acompañamiento de Estados interventores en la economía y administraciones públicas profesionales, que utilizando las mejores técnicas, podían proveer la infraestructura física, garantizar la seguridad jurídica y promover las oportunidades para que los ciudadanos tuvieran acceso universal a la salud, la educación y el empleo. Precisamente para que se incorporaran exitosamente a la economía capitalista.
En los años sesenta, la región centroamericana experimentó el proyecto de desarrollo integracionista de forma pionera a nivel mundial. Quizás ha llegado el momento de volver a pensar en el rol desarrollista de los Estados. Tenemos que revisar las lecciones aprendidas de aciertos y errores de esas experiencias para que hoy de manera urgente pero inteligente sean los sectores públicos reformados los que se comprometan con los sectores productivos y con la sociedad para superar las crisis. No hay otra alternativa.
Guatemala, 29 de abril del 2020.
Sobre el autor:
Marco Tulio Cajas. Investigador y académico guatemalteco. Ha sido funcionario internacional de UNICEF y Gerente del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) de Guatemala por dos períodos de gobierno. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Máster en Políticas Públicas por la Universidad Rafael Landívar (URL) de Guatemala. Ha realizado estudios de gobierno y administración pública en México, Estados Unidos y Chile. Fundador de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad Mariano Gálvez, Guatemala.
