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Revista Centroamericana de Administración Pública, (84) enero-junio/2023
actos derivados, para impulsar y
direccionar el proceso, pero no crea
por sí derecho, el cual está otorgado
a los Consejos de Ministros del Ramo,
de conformidad a lo dispuesto en los
artículos del 16 al 22 del Protocolo de
Tegucigalpa.
Dentro de las competencias que
tiene la Reunión de Presidentes,
relativas al control de la legalidad,
encontramos en el artículo 15 e)
del Protocolo de Tegucigalpa, que
corresponde a este Órgano:
Asegurar el cumplimiento de
las obligaciones contenidas en
el presente Instrumento y en
los demás Acuerdos, Convenios
y Protocolos que constituyen
el ordenamiento jurídico del
Sistema de la Integración
Centroamericana.
La Reunión de Presidentes ha
ejercido dicha competencia en
diversas ocasiones, tal como se
refleja en las Declaraciones que ha
adoptado, sobre todo lo en lo relativo
al desarrollo del fortalecimiento
institucional del SICA.
Un claro ejemplo de ello, lo vemos
en el Plan de Acción suscrito en la
XXXVIII Reunión Ordinaria de Jefes
de Estado y de Gobierno de los
países del SICA, llevada a cabo el
16 de diciembre de 2011, en la cual
instruyeron al Comité Ejecutivo del
Instituto Centroamericano de Administración Pública
SICA para que, con el apoyo de la
Secretaría General;
Avance en la propuesta integral
de reformas del Sistema de la
Integración Centroamericana y
desarrolle las acciones específicas
que correspondan, entre otras
las referidas a los aspectos
relacionados con la armonización
jurídica, la homologación de
reglamentos de las Secretarías de
Consejos de Ministros (…) (SICA,
2011, sp)
Notamos entonces el interés
y compromiso de la Reunión
de Presidentes para que el
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Artículo No.1
funcionamiento de la institucionalidad
regional del SICA se enmarque en
lo establecido por un marco jurídico
específico, armonizado y en sintonía
con los grandes preceptos plasmados
en el Protocolo de Tegucigalpa como
Tratado Marco y de más alta jerarquía
jurídica en el Sistema.
Además, la Reunión de Presidentes
ejerce constantemente, por medio
de los mandatos contenidos en
sus Declaraciones, delegación de
funciones dependiendo del asunto
que se trate, destinado a los Órganos e
Instituciones que tienen competencia
legal para ejecutar determinadas
acciones que se les instruye.
Recientemente, el nueve de
diciembre de dos mil veintidós, la
LVI Reunión de Jefes de Estado y
de Gobierno de los países miembros
del SICA adoptó la Declaración
Especial relativa a las instancias que
integran el Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), la cual
deviene de una exhaustiva revisión
y análisis por parte del Comité
Ejecutivo del SICA, de los Órganos,
Secretarías e Instituciones Regionales,
así como también a otros grupos,
foros o mecanismos regionales que
conforman el Sistema.
En la referida Declaración Especial,
la Reunión de Presidentes determinó,
con nombre y clasificación (Órgano,
Secretaría, Institución, etc.), las
instancias regionales que forman
parte del Sistema. Asimismo, y
como punto a destacar respecto a
la prevalencia que le da el Órgano
Supremo del SICA a mantener un
funcionamiento institucional basado
en la legalidad y la seguridad jurídica,
la Reunión de Presidentes estableció
en dicha Declaración, la siguiente
obligación para el conjunto de
instancias que conforman el SICA:
“La institucionalidad regional listada
en el presente documento deberá
cumplir los requisitos establecidos
en el Protocolo de Tegucigalpa, así
como con las disposiciones de sus
instrumentos complementarios o